Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018. Desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2025, los juzgados españoles practicaron 241.802 desahucios, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es cierto que son muchos menos que en los años de Mariano Rajoy, cuando se rozaban los 68.000 anuales. Pero ocho años después, España sigue desalojando a 67 familias o negocios cada día, el escudo social ha naufragado en el Congreso y las ejecuciones hipotecarias vuelven a dispararse. Este análisis repasa los datos y sostiene que el Gobierno ha gestionado la curva, pero no ha resuelto el problema.
Claves del análisis:
- En 2025 se practicaron 24.540 desahucios , el mínimo de la serie del CGPJ, pero todavía 67 al día.
- Con Rajoy (2013-2017), la media fue de unos 65.300 desahucios al año; con Sánchez (2019-2025), de unos 34.500.
- El problema ha cambiado de cara: el alquiler explica ya el 74,6% de los desahucios, frente al 57% de 2013.
- En 2025 solo se suspendieron unos pocos cientos de desahucios en aplicación del escudo social del Gobierno (221 por su artículo principal), frente a 24.540 ejecutados.
- Las ejecuciones hipotecarias presentadas subieron un 35,6% en 2025, hasta 31.416, el máximo desde 2016.
Las cifras: ocho años de desahucios bajo Sánchez
La serie oficial del CGPJ, que empieza en 2013, permite comparar gobiernos con datos homogéneos. El resultado tiene dos lecturas, y ambas son ciertas: los desahucios han bajado mucho respecto a la etapa de Rajoy, pero no han desaparecido, ni de lejos.
Desahucios practicados por año en España, 2013-2025. Fuente: CGPJ.
A primera vista, el balance favorece al actual Gobierno. Pero la foto cambia cuando se mira la cifra en crudo: desde que Sánchez gobierna, los juzgados han practicado más de 240.000 desahucios, sin contar los de 2018. En 2025, el mejor año de la serie, siguieron produciéndose 24.540 desahucios , 67 cada día. Detrás de muchos de ellos hay un hogar que pierde su vivienda.
Conviene recordar qué mide esta estadística. El CGPJ contabiliza desahucios efectivamente practicados, no hogares afectados, y advierte de que incluyen distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas, y no solo vivienda habitual. Tampoco recoge a quienes abandonan su casa por no poder pagar antes de que llegue la comisión judicial. La cifra real de familias expulsadas de su vivienda por motivos económicos es, por tanto, difícil de medir, y ninguna de las fuentes disponibles la reduce a cero.
Hay además una tendencia de fondo que el Gobierno no puede atribuirse en exclusiva: los desahucios ya caían antes de su llegada. Entre 2014 y 2018 bajaron un 12%, de 68.091 a 59.671, al ritmo de la recuperación económica y del fin de la oleada de impagos hipotecarios. La gran caída de 2020 se debió a la parálisis judicial de la pandemia, y 2021 trajo un repunte hasta 41.359.
Del desahucio hipotecario al desahucio por alquiler
Si el número total de desahucios ha bajado, su naturaleza ha cambiado por completo. El desahucio de la década pasada era hipotecario; el de hoy es, sobre todo, por alquiler. Y ese es el terreno en el que la política de vivienda del Gobierno debía marcar la diferencia.
desahucios practicados por origen, 2013-2025. Fuente: CGPJ.
La caída de los hipotecarios tiene una explicación en buena parte ajena a la política de vivienda: la oleada de impagos que siguió a la burbuja se fue agotando con los años. Los desahucios por alquiler, en cambio, se han mantenido mucho más estables: en 2019, ya con Sánchez en la Moncloa, se practicaron 36.468, prácticamente lo mismo que en 2013 (38.141). Solo a partir de 2020, con la pandemia y la moratoria, empezaron a bajar de forma sostenida.
El contexto en el que se producen es el de un mercado del alquiler cada vez más caro. Según idealista, el precio medio del alquiler en España se situó en 15,1 euros por metro cuadrado al mes en agosto de 2026, un 5,8% más que un año antes, y subió en 48 de las 50 provincias. En Madrid capital llega a 23,3 euros. Cuando la renta sube más deprisa que los salarios, el impago deja de ser un accidente y se convierte en un riesgo estructural para los hogares con menos ingresos.
Este es el núcleo de la crítica al Gobierno: la emergencia habitacional de hoy la sufren sobre todo los inquilinos, y es precisamente en el alquiler donde las medidas del Ejecutivo han tenido menos éxito. En 2018, el año en que Sánchez llegó a la Moncloa, el alquiler explicaba el 62,5% de los desahucios; en 2025, el 74,6%. El peso del inquilino en esta estadística ha crecido bajo su mandato.
Lo que prometió el Gobierno y lo que ha conseguido
El Gobierno de Sánchez ha aprobado numerosas normas sobre desahucios desde 2020. El problema no es la falta de medidas, sino su alcance: han sido temporales, parciales o se han quedado por el camino.
La pieza central fue la suspensión de desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, aprobada en la pandemia a través del Real Decreto-ley 11/2020 y prorrogada después año a año por decreto. El Ejecutivo la presentó como un blindaje para las personas vulnerables frente a los desahucios en viviendas de grandes tenedores y fondos.
Los datos del propio CGPJ muestran hasta dónde ha llegado ese blindaje: en 2025 se suspendieron 221 desahucios en aplicación del artículo 1 del Real Decreto 11/2020. A ellos se suman algunas decenas más por otros artículos de la misma norma. En el mismo año se practicaron 24.540. Por cada desahucio que el escudo social logró frenar, se ejecutaron decenas. Es una herramienta que existe en el BOE, pero que en la práctica ha protegido a una fracción ínfima de los afectados.
Una moratoria que el Gobierno no pudo sostener
La debilidad parlamentaria del Ejecutivo terminó de desmontar esa protección en 2026. Según la cronología recogida por Electomanía, en diciembre de 2025 el Gobierno prorrogó la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2026 mediante el Real Decreto-ley 16/2025. En enero de 2026 el Congreso tumbó el decreto, y con él la moratoria. El 3 de febrero, el Ejecutivo la recuperó en el Real Decreto-ley 2/2026, tras pactar con el PNV que los propietarios de dos viviendas o menos quedaran fuera de la suspensión.
A finales de febrero, el Congreso volvió a derogarlo por 177 votos en contra, 172 a favor y una abstención, con el voto contrario de PP, Vox y Junts. La moratoria quedó sin efecto y los procedimientos suspendidos pueden reanudarse. Un Gobierno que convirtió el escudo social en bandera no ha sido capaz de mantenerlo en pie.
La Ley de Vivienda: más plazos, no más casas
La Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, introdujo cambios en el procedimiento de desahucio. Prohibió los desahucios sin fecha y hora exacta, obligó a comunicar los desahucios a las administraciones competentes y amplió los plazos de suspensión para hogares vulnerables: de uno a dos meses cuando el propietario es una persona física y de tres a cuatro cuando es una persona jurídica.
Son medidas que ordenan y retrasan el proceso, pero no cambian su desenlace. Si en esos dos o cuatro meses no aparece una alternativa habitacional, el procedimiento continúa hasta el desahucios . Y esa alternativa depende de un parque de vivienda social que, como se verá a continuación, sigue siendo de los más pequeños de Europa.
El desplome de 2026, un espejismo procesal
El Gobierno podrá esgrimir que en el primer trimestre de 2026 los desahucios cayeron un 45,4%, hasta 4.005. Pero esa caída tiene una explicación que poco tiene que ver con la situación de las familias. Desde el 3 de abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia de la Justicia obliga a intentar un acuerdo antes de demandar, también en los desahucios por impago. Como un procedimiento tarda meses, el efecto se nota con retraso.
El reparto territorial de la caída lo delata: Baleares baja un 80,1% y Canarias un 78,1%, mientras la Comunitat Valenciana apenas se mueve (-6,7%) y Madrid baja un 17,1%. Según el análisis de Electomanía, una dispersión así apunta más a diferencias en el ritmo de los tribunales que a una mejora real, y parte de los procesos se ha retrasado, no desaparecido.
Cualquier política que aspire a acabar con los desahucios de hogares vulnerables necesita algo muy concreto: viviendas a las que realojar a esas familias. Y ahí es donde España, tras ocho años de Gobierno de Sánchez, sigue a la cola de Europa.
La Comisión Europea lo señaló en su informe del Semestre Europeo de junio de 2025: el parque de viviendas sociales de alquiler en España representa solo el 1,5% del parque total, frente al 9% de media en la UE, según datos del Banco de España. Bruselas pidió al Gobierno aumentar la oferta de vivienda pública y asequible, con especial atención a los jóvenes y a los hogares con bajos ingresos.
El propio Ministerio de Vivienda defiende que el parque social ha pasado del 2,5% al 3,4% del total, con 162.000 viviendas protegidas más en cinco años. Incluso aceptando esa cifra, España sigue a casi seis puntos de la media europea del 9%, el objetivo que el propio Gobierno se ha marcado. Según la OCU, para acercarse a los parámetros europeos España necesitaría unas 850.000 viviendas más de alquiler social. Mientras ese parque no exista, suspender un desahucio solo aplaza el problema: los servicios sociales no tienen dónde realojar a la familia.
La señal de alarma: vuelven las ejecuciones hipotecarias
Hay un dato que debería preocupar al Gobierno más que ningún otro. Mientras los desahucios bajan, el principio del proceso sube.
En 2025 se presentaron en los juzgados 31.416 ejecuciones hipotecarias, un 35,6% más que en 2024 y la cifra más alta desde 2016. La tendencia continúa en 2026, con 7.194 en el primer trimestre, un 17,5% más que un año antes. No todas afectan a viviendas habituales, porque la estadística incluye locales, naves y segundas residencias, y no todas acabarán en desahucio. Pero una ejecución que se presenta hoy puede convertirse en un desahucios dentro de uno o dos años.
El salto se concentra en Cataluña, donde las ejecuciones pasaron de 4.491 a 9.370 (+108,6%), aunque también suben con fuerza en Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha y Madrid (+31,1%). Si esta tendencia se consolida, la bajada de los desahucios de los últimos años podría revertirse, y lo haría sin que el Gobierno haya construido la red de vivienda social que permitiría amortiguarla.
Desahucios en Madrid: menos que la media, pero casi todos por alquiler
La Comunidad de Madrid registró 2.267 desahucios en 2025, un 17,7% menos que en 2024 (2.756). Fue la cuarta comunidad con más desahucios en cifras absolutas, por detrás de Cataluña (6.814), Andalucía (3.782) y la Comunitat Valenciana (2.992).
En proporción a su población, sin embargo, Madrid está entre las regiones que menos desahucian: 31,9 desahucios por cada 100.000 habitantes, frente a una media nacional de 50, según los cálculos de Electomanía con datos del CGPJ y del INE. Cataluña, en el otro extremo, alcanza 83,9.
Lo que distingue a Madrid es el origen de sus desahucios. El 85,2% de los desahucios madrileños de 2025 derivaron de procedimientos de arrendamiento: 1.931 por alquiler frente a solo 252 por hipoteca. Es el reflejo de la región con los alquileres más caros de España, donde el precio en la capital alcanza los 23,3 euros por metro cuadrado.
Madrid tampoco se ha beneficiado del desplome de 2026 tanto como otras regiones. En el primer trimestre del año, sus desahucios bajaron un 17,1%, hasta 582, muy lejos de la caída media nacional del 45,4%. Y las ejecuciones hipotecarias presentadas en la región crecieron un 31,1% en 2025. Para los inquilinos madrileños, el riesgo de desahucio sigue siendo, ante todo, un problema de precio del alquiler, el mismo terreno en el que las políticas estatales de vivienda no han logrado frenar la escalada.
Conviene añadir un matiz que el debate político suele ignorar: las competencias de vivienda son principalmente autonómicas. El dato comparativamente bajo de Madrid y el muy alto de Cataluña sugieren que la gestión regional también influye en el resultado, y que no todo depende de la Moncloa.
Objeciones y contraargumentos
Responsabilizar a Sánchez de los desahucios tiene argumentos, pero también objeciones serias. Estas son las principales que plantean el Gobierno, sus socios y buena parte de los analistas.
1. Los desahucios se han reducido a la mitad
Es el dato más contundente a favor del Gobierno. La media anual de desahucios con Sánchez (unos 34.500) es casi la mitad que con Rajoy (unos 65.300), y 2025 marcó el mínimo de toda la serie del CGPJ, por debajo incluso de 2020, cuando el confinamiento paralizó los juzgados. Acusar de inacción a un Gobierno bajo cuyo mandato los desahucios han caído casi un 59% desde 2018 exige, como mínimo, reconocer esa evolución.
2. La tendencia viene del ciclo económico, no del Gobierno
El argumento corta en las dos direcciones. Si la caída de los desahucios responde sobre todo al fin de la crisis hipotecaria y a la mejora del empleo, como sugiere que ya bajaran entre 2014 y 2018, entonces ni el mérito de la bajada ni la culpa de lo que queda son atribuibles por entero al Ejecutivo. Los desahucios dependen de la economía, de los tipos de interés y de los precios de la vivienda tanto o más que de las leyes.
3. Fue el Congreso quien tumbó la moratoria
El Gobierno puede alegar que intentó mantener el escudo social y que fueron PP, Vox y Junts quienes lo derogaron en 2026. Desde esta óptica, la caída de la protección no es un fracaso del Ejecutivo, sino una decisión de la mayoría parlamentaria. La objeción tiene fuerza, aunque también revela la fragilidad de una política que dependía de decretos temporales en lugar de una solución estructural.
4. La moratoria también tiene costes
Desde el lado contrario, propietarios y aseguradoras sostienen que las suspensiones y los requisitos de la Ley de Vivienda han alargado el plazo para recuperar una vivienda hasta más de un año de media, según la compañía de defensa jurídica ARAG. Esa inseguridad, argumentan, retrae la oferta de alquiler y empuja los precios al alza, lo que acaba perjudicando a los propios inquilinos. Para este sector, el problema no es que el Gobierno haya hecho poco, sino que ha trasladado a los propietarios particulares una responsabilidad que corresponde a la Administración.
5. La vivienda es competencia autonómica
La construcción y gestión de vivienda social corresponde sobre todo a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Las enormes diferencias territoriales, con Cataluña en 83,9 desahucios por cada 100.000 habitantes y Navarra o Madrid por debajo de 32, indican que una parte importante del resultado se decide fuera de la Moncloa.
El Ministerio de Vivienda sostiene que la vivienda social ha pasado del 2,5% al 3,4% del parque, que la inversión pública por habitante de 2023 fue la más alta en 22 años y que la brecha con Europa se está cerrando. Construir vivienda social lleva años, y los efectos de esa inversión todavía no se verían en las estadísticas de desahucios.
7. Las cifras podrían estar infravaloradas, o sobrevaloradas
Por último, la estadística tiene límites. Colectivos como Prou Especulació sostienen que el CGPJ subestima los desahucios reales, mientras que el propio CGPJ advierte de que sus cifras incluyen locales y segundas residencias. Ninguna fuente permite saber con precisión cuántas familias pierden su vivienda habitual cada año, lo que obliga a leer todas las comparaciones con cautela.
Conclusión: gestionar la curva no es resolver el problema
Los datos no permiten decir que con Sánchez haya más desahucios que con Rajoy: hay muchos menos. Pero sí permiten afirmar algo igual de relevante. Tras ocho años en la Moncloa, el Gobierno no ha acabado con los desahucios ni ha construido las herramientas para hacerlo.
Desde 2019 se han practicado más de 240.000 desahucios . En 2025, el mejor año de la serie, todavía fueron 67 al día. El problema se ha desplazado del hipotecado al inquilino, en un mercado del alquiler cada vez más caro. El escudo social, presentado como un blindaje para los vulnerables, frenó en 2025 apenas unos pocos cientos de desahucios frente a más de 24.000 ejecutados, y en 2026 cayó dos veces en el Congreso sin que el Gobierno lograra sostenerlo. La vivienda social sigue muy lejos de la media europea. Y las ejecuciones hipotecarias, la antesala de futuros desahucios, han vuelto a máximos desde 2016.
La bajada de los desahucios existe, pero se explica en buena parte por el ciclo económico, el fin de la crisis hipotecaria y, en 2026, un cambio en los trámites judiciales. Lo que no ha cambiado es la causa de fondo: faltan viviendas asequibles a las que pueda acudir una familia que ya no puede pagar. Esa responsabilidad corresponde a todas las administraciones, pero el Gobierno central, que ha hecho de la vivienda una de sus banderas, no puede eludir su parte.
El juicio sobre su gestión dependerá del criterio del lector. Comparado con la década pasada, el balance es mejor. Comparado con el objetivo de que nadie pierda su casa por no poder pagarla, está lejos de cumplirse.
Fuentes y nota metodológica
Nota metodológica. Las cifras de desahucios proceden del CGPJ, Datos sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales, cuya serie de desahucios practicados empieza en 2013. No existen datos homogéneos anteriores, por lo que el periodo de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) no puede compararse con esta fuente. Las medias por gobierno son elaboración propia: Rajoy, años completos 2013-2017; Sánchez, años completos 2019-2025. 2018, año de la moción de censura (junio), se excluye de ambas medias. La cifra nacional de 2025 es 24.540, igual a la suma de desahucios por alquiler (18.317), por hipoteca (4.346) y por otras causas (1.877); algunos medios publicaron por error 25.540. Los desahucios incluyen inmuebles que no son vivienda y viviendas que no son residencia habitual.
Fuentes
- CGPJ — Las ejecuciones hipotecarias y los concursos crecieron en 2025 un 30%
- CGPJ — Efecto de la crisis en los órganos judiciales (series estadísticas)
- Electomanía — Radiografía de los desahucios en España: 67 al día en 2025 y un desplome en 2026
- Forbes España — Los desahucios caen un 11% en 2025
- Libre Mercado — Desahucios por comunidad autónoma en 2025
- Nueva Tribuna — Desahucios en España en 2025 y datos de Madrid
- Provivienda — Observatorio de la Vivienda Asequible: desahucios
- Legal Today — El decreto del escudo social con cambios en la moratoria de desahucios (febrero de 2026)
- Osborne Clarke — Cambios en el procedimiento de desahucio de la Ley de Vivienda
- ARAG — Los plazos para recuperar una vivienda superan el año (febrero de 2025)
- Europa Press / Bolsamanía — Bruselas pide a España incrementar su oferta de vivienda pública
- Forbes España — La vivienda social pasa del 2,5% al 3,4%, según el Ministerio
- OCU — Falta vivienda social en alquiler
- idealista — El alquiler sube un 5,8% en agosto de 2026
- Prou Especulació — Crítica a la estadística de desahucios del CGPJ
